Página de archivo

El protocolo notarial siempre ha constituido una realidad viva y por ello dinámica, que ahora ve potenciada exponencialmente su virtualidad con el nuevo formato electrónico al implementar las aportaciones y funcionalidades de la digitalización (inmediatez, versatilidad, eficacia, celeridad, eficiencia…)  

El art. 36 de la Ley del Notariado  impone al  notario el deber de conservar el protocolo notarial, cualquiera que sea su naturaleza, bien en soporte papel o electrónico, con arreglo a las leyes, como archivero de este y bajo su responsabilidad.

El protocolo en papel se conserva en la forma en que viene haciéndose tradicionalmente. El protocolo electrónico  -dice el a17,2 Ley del Notariado-, se nutre mediante el proceso de reflejo/incorporación que comienza habitualmente con la autorización de la matriz en papel y ha de desarrollarse mediante la elaboración/conclusión del fichero electrónico gemelo de la matriz en papel. Frecuentemente este hecho coincidirá con la autorización de la matriz en papel, pues ésta generalmente se obtiene mediante la previa impresión en papel del contenido de un fichero electrónico ya creado previamente.

El Protocolo notarial, aunque sigue siendo uno, tiene ahora dos versiones gemelas, la clásica del protocolo en papel y la nueva del protocolo electrónico notarial, que producen los mismos efectos jurídicos y reúnen la totalidad de los instrumentos públicos a ellos incorporados. Se aúnan las ventajas de la gestión electrónica digital de la información y la seguridad probada históricamente de la conservación de las escrituras públicas.

La ley 11/2023,  de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de digitalización de actuaciones notariales, acomete una profunda reforma en el ámbito notarial, que no se reduce a aspectos documentales,  superando el marco de la pura trasposición de directivas comunitarias para avanzar en la transformación digital del servicio notarial.

Los expedientes de dominio han padecido las últimas décadas una tributación tormentosa y atormentada. Afortunadamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Abril de 2023 establece, por fin, una doctrina jurisprudencial clara y precisa sobre la tributación de los expedientes de dominio, tanto para la inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad como para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido

El texto explora la comparación entre la escritura pública y el plano secuencia, ambos narran actos de las personas con estructura y protagonistas. Se destaca la función del notario como narrador otorgando fuerza de ley y se resalta la preparación y unidad de acción en cada escritura pública como en los planos secuencia. Ante el avance de la tecnología, la narración notarial perdurará en el futuro mientras persistan las relaciones entre seres y personalidades de toda condición (incluso, electrónicas, algorítmicas… aunque ya no serán necesariamente de carne y hueco)

Toda la doctrina admite que el art. 912 CC no agota los supuestos en que tiene lugar la sucesión intestada y prácticamente todos los autores incluyen, precisamente, entre los supuestos no recogidos  en dicho precepto el de la preterición en que se anula o reduce, total o parcialmente, la institución de herederos.

Al sancionar el art. 814, II CC esta modalidad de preterición no intencional con la anulación de la institución de herederos, está determinando la apertura de la sucesión intestada. ¿Es necesaria una previa declaración judicial de nulidad de la institución de herederos para abrir la sucesión intestada?

La preterición (u omisión o falta de mención de legitimarios en un testamento) ha cobrado últimamente interés por el novedoso tratamiento fiscal que una reciente cuestión vinculante de la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) atribuye a los acuerdos extrajudiciales que realizan todos los interesados por razón de una herencia en la que concurren herederos y legitimarios preteridos, admitiendo la producción directa e inmediata de los efectos jurídicos que determina el art. 814 del CC.